La Corte Suprema de Justicia ordenó la detención del exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, en medio de un proceso por irregularidades en un contrato por 1.072 millones de pesos con la Fundación Calimío. La captura de Abadía tuvo lugar en la noche del martes 6 de febrero. 

En noviembre, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó Abadía por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.

Este caso se relaciona con irregularidades en un contrato suscrito con la Fundación Calimío que se dio con el fin de adquirir material bibliográfico para dotar a 40 establecimientos educativos en 10 municipios del Valle. Según la Fiscalía, aunque se registró un pago de 975 millones de pesos para la compra de libros, en realidad, estos fueron adquiridos por 182 millones.

En el fallo de la Corte se lee: “Puede concluirse que el procesado Juan Carlos Abadía sabía de su responsabilidad como ordenador del gasto y comprendía sin duda que de apropiarse en favor de terceros de los recursos invertidos en el convenio de cooperación 0110 de 2010 incurriría en el delito de peculado, a pesar de ello, no se detuvo, y a sabiendas de lo que implicaba su actuar permitió destinarlos sin más en cuantía de $817.482.400, como se mencionó en detrimento del erario departamental, a las arcas de los cónyuges, José Antonio Rodríguez Molina y Luz Piedad Hurtado Cardona”. 

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema negó una petición de la defensa de Abadía que pedía que le dieran casa por cárcel porque tenía un hijo menor de edad. El rechazo a esta solicitud se debe a que el hijo del exgobernador cuenta con la custodia y cuidado de su madre y en tal evento el niño no quedará desamparado.