De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el contrato firmado entre la Alcaldía de Cali y Corfecali por $11.955 millones no tenía “estudios previos integrales, serios y suficientes” para justificar el millonario convenio, ya que el valor se fijó tras indexar los costos de los tres años anteriores, pero en 2020 los eventos se realizaron de forma virtual por la pandemia.

Cabe señalar que la Feria de Cali de 2020 se llevó a cabo en una versión virtual con eventos pregrabados que se transmitieron de manera gratuita por los canales de televisión Telepacífico, Emcali TV, y también por medios digitales como el portal de la Feria de Cali, la aplicación móvil de la Feria, y a través de Facebook.

“Para el Ministerio Público la administración municipal tenía el deber de incluir en los estudios previos la forma cómo se calcularon los precios de los eventos a realizar, cosa que en este caso no aconteció, pues como ha quedado evidenciado, tan solo se hizo referencia a la información histórica bajo presupuestos que no eran aplicables para realizar una feria virtual”, señaló la Procuraduría en un comunicado.

El órgano de control también dijo que el alcalde Ospina pudo incurrir en una omisión de sus funciones de control, vigilancia y supervisión sobre el proceso de contratación, que estaba en cabeza del secretario de Cultura Lenis Mejía, ya que no le habría advertido sobre los cambios contractuales que implicaba la organización de la Feria, tampoco le requirió informe sobre la metodología para fijar los costos y tampoco le pidió una explicación por la inclusión de aspectos que eran propios de eventos presenciales.

Por esos hechos, la Procuraduría calificó la presunta conducta del alcalde Ospina Gómez como una falta grave cometida a título de culpa gravísima, y la de Lenis Mejía como gravísima a título de culpa gravísima.​