El Consejo de Estado decidió imponer una medida cautelar al decreto que aumentó el salario mínimo y suspendió de manera provisional sus efectos.
El alto tribunal otorgó un plazo de ocho días al Gobierno para expedir y publicar un nuevo decreto que se ajuste a los parámetros establecidos por la ley.
El alto tribunal analizaba un conjunto de demandas contra el decreto que fijó el aumento del salario mínimo, luego de que varios demandantes argumentaran que el ajuste no se sustentó en los parámetros técnicos exigidos por la ley.
Con la decisión adoptada, el alto tribunal puso freno a la medida y le devolvió la responsabilidad al Gobierno.
Le ordenó que, en un plazo de ocho días calendario, expida y publique un nuevo decreto provisional en el que establezca un porcentaje transitorio de incremento del salario mínimo para 2026, junto con el valor total correspondiente para esta vigencia.
Ese monto regirá mientras se emite una sentencia definitiva dentro del proceso.
El presidente Gustavo Petro se pronunció tras la decisión asegurando que el concepto de salario vital es un mandato de la Constitución y que la medida judicial pone en riesgo el poder adquisitivo de la clase trabajadora.
“Respetaré su decisión pero actuaré de acuerdo a la Constitución”, afirmó el jefe de Estado, quien calificó de “anticonstitucional” cualquier intento de disminuir la demanda de alimentos vitales en el país. Según el presidente, reducir el impacto del salario en las actuales circunstancias detendría la economía nacional y aumentaría indicadores críticos como el hambre y la desnutrición infantil.
Como respuesta inmediata a la orden del magistrado Juan Camilo Morales, Petro instruyó al ministro de Trabajo para adelantar una reunión de concertación de urgencia. El objetivo es redactar el nuevo decreto transitorio solicitado por el tribunal, pero bajo una premisa inamovible: el respeto a los derechos del pueblo trabajador.
Asimismo, el mandatario hizo un llamado a la coordinación de movimientos sociales para estudiar la postura del Gobierno y solicitó al “pueblo trabajador” expresarse sobre el asunto. Petro enfatizó que el Poder Judicial debe reconocer que su administración se debe al voto popular y al cumplimiento de la carta magna.
El presidente argumentó que las últimas mediciones económicas demuestran que el aumento del 23.7 % ha tenido una incidencia marginal en el incremento de precios de alimentos. En su análisis, el verdadero riesgo para el empleo y la inflación en Colombia radica en el alza de las tasas de interés y no en el fortalecimiento del ingreso mínimo,
